EL PARLAMENTO PODRA UTILIZAR EL TERMINO»PRESOS POLITICOS» CUANDO NO SEA AFENSIVO
Los servicios jurídicos del parlamento han concluido que la resolución aprobada por el PSE-EE, PP y UPyD en contra de la utilización de la expresion presos ppoliticos« para referirse a los reclusos de ETA «no puede limitar la libertad de expresión» en el seno de la Cámara, y que corresponde a la presidenta del Legislativo «interpretar si las palabras utilizadas son conceptos ofensivos».
Los letrados del Parlamento, a petición de la presidenta de la Cámara,Bakartxo Tejeria (PNV), han realizado un informe que analiza las repercusiones que sobre la actividad parlamentaria pueda tener la resolución recientemente aprobada por socialistas, ‘populares’ y UPyD en contra del uso de esta expresión por parte de EH Bildu para referirse a los presos de ETA.
La aprobación de esta iniciativa estuvo precedida por las críticas, especialmente del PP y UPyD, a la utilización de esta expresión –que la izquierda abertzale lleva empleando desde hace años en la Cámara autonómica– y al hecho de que Tejeria permitiera su uso en el transcurso de los debates parlamentarios.
En el informe, según ha informado la presidencia del Parlamento vasco, se recuerda que tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como el Tribunal Constitucional (TC) «otorgan a la libertad de expresión una posición preferente dentro del sistema democrático». En este sentido, recuerda que «la doctrina del TEDH subraya que la libertad de expresión no es únicamente un derecho fundamental individual, sino un elemento imprescindible para asegurar el sistema jurídico democrático».
Según el informe, el «límite» de la libertad de expresión es por tanto «aquellas manifestaciones destinadas a humillar, desacreditar o menospreciar desconectadas del discurso público». De esa forma, se precisa que el TC subraya la profunda relación existente entre la libertad de expresión y el derecho de participación de los actores políticos.
Además, pone de manifiesto que «cuando estas libertades operan como instrumento de los derechos de participación política debe reconocérseles si cabe, una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, haciéndoles especialmente resistentes, inmunes a las restricciones, que es claro que en otro contexto, habrían de operar».
Los servicios jurídicos del Legislativo señalan que el Parlamento «es foro de debate y expresión, en el que se confrontan ideas y juicios en la búsqueda de acuerdos». Asimismo, indica que «cuando la mayoría somete a restricciones la libertad de expresión de las minorías podría deslegitimar sus propias decisiones», porque «es el debate y la confrontación ideológica lo que legitima y da carácter democrático a las decisiones de la mayoría».
Por todo ello, concluye que «las proposiciones no de ley, cuya existencia se basa en la idea de la supremacía del Parlamento tienen un evidente límite, que no es otro que los derechos fundamentales y el ordenamiento jurídico». De este modo, apunta que «una resolución parlamentaria, aún en el supuesto de ser aprobada por una amplia mayoría, no puede limitar los derechos de participación política de las minorías, ni limitar su libertad de expresión».
Los letrados añaden que «es la presidenta del Parlamento quien dirige y modera el desarrollo de los debates en las sesiones parlamentarias» y que «a ella corresponde, según su criterio, modular ese ámbito cualificado de la libertad de expresión de la que gozan los parlamentarios y las parlamentarias». Los servicios jurídicos subrayan que «es a la presidenta a quien corresponde interpretar si las palabras utilizadas son conceptos ofensivos, ya que a ella corresponde la dirección del debate».
Además, manifiesta que «los debates parlamentarios tienen una importante tarea en la formación de la opinión política», por lo que la Cámara «debe gozar de unos márgenes de tolerancia, en lo que a la libertad de expresión se refiere, acordes con su función en una sociedad democrática».
Por ello, indica que «la función de la potestad disciplinaria no es rebajar o restringir el plus de libertad de expresión que corresponde a las parlamentarias y parlamentarios, sino impedir los excesos».
Asimismo, alerta de que «un exceso de celo en la dirección de los debates, que pudiera llegar a vulnerar el contenido social del derecho a la participación política, puede activar los mecanismos de defensa del derecho ante el propio Tribunal Constitucional».
El informe concluye que «la dirección de los debates, o de su modo más extremo la aplicación del régimen disciplinario, no se refiere tanto a los abusos por parte de los parlamentarios de su libertad de expresión y por ende de la prerrogativa de la inviolabilidad, sino a la ordenación y buen funcionamiento de las sesiones parlamentarias». Desde la presidencia se ha destacado que el «informe avala la actuación» que Tejeria ha mantenido en relación con esta cuestión.
LIBERTAD CON CARGOS PARA LA MUJER QUE AGREDIÓ A OTRA EN UN COLEGIO
El Juzgado de Instrucción número 3 de Granada ha decretado libertad con cargos para la única detenida como ppresunta responsable de la agrsion de una mujer de 31 años a las puesrtas del colegio Arrayanes, en la zona norte de Granada capital.
Según han informado fuentes judiciales, a la mujer, que fue puesta a disposición judicial, se le ha imputado inicialmente un delito de lesiones, a la espera de que la instrucción concrete cómo se cometieron los hechos.
La detención se produjo después de que la víctima, de nacionalidad rumana, prestara declaración ante la Policía Nacional. Los agentes no han detenido a la segunda mujer implicada en los hechos, una familiar cercana de la única arrestada, porque es a esta última a la que consideran la autora directa de las agresiones, que se perpetraron con un destornillador y unas tijeras.
El incidente se registró a la entrada del colegio ‘Arrayanes’, en la calle Merced Alta, donde víctimas y agresoras tienen matriculados a sus hijos menores de edad. La Policía recibió una llamada del centro educativo alertando de que se estaba produciendo una pelea, por lo que una patrulla se trasladó al lugar.
Las pesquisas realizadas por los agentes han desvelado que las dos presuntas agresoras llegaron en el mismo vehículo hasta el colegio y que, debido a rencillas anteriores, iniciaron una discusión con una tercera mujer, a la que agredieron con un destornillador y con unas tijeras, que les ocasionaron heridas en la cara, cuero cabelludo y manos, por las que ha tenido que recibir algunos puntos de sutura.
Además, el conserje del colegio, que intentó mediar, también presenta algunos arañazos y erosiones. Las dos mujeres huyeron en el mismo vehículo con el que habían llegado hasta el centro, pero una de ellas arrojó las tijeras usadas para atacar a la herida, que el conserje recogió y entregó a la Policía.
Tras la agresión, la víctima fue trasladada al Hospital de Traumatología, donde recibió asistencia por las heridas y después recibió el alta médica, según fuentes sanitarias.
LIBERTAD CON CARGOS PARA LOS DOS DETENIDOS EN LA MARCHA DE GRANADA CONTRA LA LOMCE
El Juzgado de Instrucción 7 de Granada ha decretado la libertad con cargos para los dos jóvenes de 21 y 27 años detenidos ayer durante las movilizaciones de estudiantes celebradas en Granada contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que se saldó con siete policías heridos.
El juez atribuye a ambos la presunta autoría de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, han informado fuentes judiciales. Los arrestos tuvieron lugar al mediodía de ayer durante la protesta convocada contra la ley educativa.
Según informó un portavoz de la Policía Nacional, la primera detención se produjo después de que confluyeran en las inmediaciones de la sede de la Junta de Andalucía, donde se ubica la Delegación de Educación, dos marchas organizadas en protesta por la ley educativa en la que participaban medio millar de manifestantes.
Una veintena de personas accedió a la Delegación de Educación, lo que llevó a la Policía a intervenir, y fue en el transcurso de la trifulca cuando uno de los dos jóvenes fue detenido, mientras que un agente resultó herido con fractura de rodilla.
En el lugar se concentraron unas 250 personas para impedir el traslado del detenido, según la Policía, cuyos agentes accedieron al cercano Instituto Padre Suárez para disolver a otro grupo que al parecer impedía la salida de los estudiantes del centro educativo.
Fue allí donde se produjo la segunda detención y donde resultaron heridos los otros seis agentes.
La Coordinadora Sindical Estudiantil criticó ayer la actitud de los policías y el hecho de que realizaran «una carga» a las puertas del citado instituto, mientras que la Policía Nacional mantuvo que actuaron «en defensa» de los «ataques» recibidos en la trifulca.
El subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Pérez, ha respaldado la actuación policial al señalar que los agentes trataron de garantizar que los estudiantes pudieran manifestarse «en libertad», y que fue un reducido grupo el que trató de «desvirtuar» la protesta.
A esa manifestación, que se celebró tras un encierro de estudiantes la madrugada anterior en la Facultad de Filosofía y Letras, se sumó ayer tarde una nueva marcha contra la Lomce y una protesta contra la detención de los dos estudiantes que concluyó ante la Subdelegación y que se saldó con una manifestante herida por una de las piedras lanzadas por los asistentes contra los agentes que acudieron a disolver la concentración, según la Policía.
Miembros de la Coordinadora Sindical Estudiantil se concentraron esta mañana en los juzgados de Caleta en apoyo a los detenidos.
Fuente:http://www.ideal.es/granada/20131121/local/granada/libertad-cargos-para-detenidos-201311211436.html
21.11.13
LA MAREA VERDE VUELVE A LAS CALLES DE DÍAS DESPUÉS DE LA APROBACION DE LA LEY WERT
La ‘marea verde’ en defensa de la escuela pública ha vuelto a las calles madrileñas para acoger la ‘Marcha a Madrid’, con la que mostrar su rechazo a la política educativa del Gobierno y a la reforma educativa aprobada el jueves en el Congreso. Miles de personas (sin que haya cifras definitivas por parte de convocantes) han tomado las calles del recorrido de la marcha con pancartas en las que podía leer ‘reforma franquista’ o ‘huelga de 72 horas’. Imágenes 6 Fotos La ‘Marcha a Madrid’, organizada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, ha partido a las 12 horas de la Plaza de España, para discurrir por la Gran Vía y terminar en la calle de Alcalá, precisamente donde se encuentra la sede del Ministerio de Educación. Se esperaba que llegase a Madrid «gente de toda España», señaló antes de la protesta la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, que, junto a los demás representantes de la Plataforma, buscaban reiterar sus críticas a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La séptima reforma educativa de la democracia, liderada por José Ignacio Wert, recibió esta semana su aprobación final en el Congreso gracias a la mayoría absoluta del PP, ya que los grupos de la oposición, salvo UPN que se abstuvo, manifestaron su rotundo rechazo a la norma. Representantes de la Plataforma registraron entonces en la Cámara baja, una carta dirigida al presidente del Congreso, Jesús Posada, en la que expresan su rechazo a la nueva norma y avisan que continuarán con las movilizaciones para demostrar en las calles y en los tribunales que la ley vulnera «de forma flagrante» los «derechos constitucionales». La Plataforma Estatal por la Escuela Pública está compuesta por CCOO, UGT, CGT, STEs, el Movimiento de Renovación Pedagógica (MRPs), el Sindicato de Estudiantes, la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (Faest), Estudiantes en Movimiento y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa). Manifiesto La ‘marea verde’ ha concluido con la lectura del manifiesto final minutos antes de las 14.00 horas frente al Ministerio de Educación por parte de una madre, una profesora y una estudiante. La representante del Sindicato de Estudiantes, Ana García, ha intentado pronunciar unas palabras, pero varios miembros de la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública se lo han impedido porque se había acordado que no iban a participar todas las entidades que integran esta plataforma. Los jóvenes que se encontraban detrás de la pancarta del Sindicato de Estudiantes han comenzado a gritar «Libertad de expresión» para exigir que dejaran hablar a su portavoz. Finalmente, los representantes de la Plataforma que se encontraban en la tribuna donde se han producido los hechos han dado por finalizada la manifestación. Personal del Samur Protección Civil ha atendido a una profesora, miembro de la plataforma, que se encontraba en la tribuna a causa de una crisis de ansiedad como consecuencia de este incidente.1/11/13
Fuente:http://www.20minutos.es/noticia/1992992/0/marea-verde/protesta-30-noviembre/recortes-educacion/
EE,UU DEFINE UN «ME GUSTA» EN FACEBOOK COMO LIBERTAD DE EXPRESION TRAS UN DESPIDO LABORAL
Un tribunal federal de apelación de EEUU ha dictaminado que dar ‘me gusta’ en Facebook es un acto de libertad de expresión y debe estar amparado por la Primera Enmienda de la Constitución. La sentencia ha sido motivada tras el despido de un trabajador que pulsó ‘me gusta’ en la página de una empresa rival.
El tribunal de apelación de Richmond, en Virginia, ha rechazado el veredicto de un tribunal inferior que había considerado que pulsar el botón con el pulgar hacia arriba en la red social no constituía una «expresión real» y por tanto no debía englobarse en la libertad de expresión.
Dar ‘me gusta’ «es el equivalente en Internet de colocar una pancarta política en el patio de nuestra casa, algo que el Tribunal Supremo ha considerado como «discurso real», han afirmado los tres magistrados del tribunal en su sentencia de 81 páginas, según informa el ‘Washington Post’.
La sentencia tiene su origen en una denuncia presentada por varios empleados del sheriff de Hampton, uno de los cuales denunció que había sido despedido por dar ‘me gusta’ en la página de campaña del rival de su jefe. Este demandante, a la sazón vicesheriff, argumentó en 2011 que su despido violó sus derechos en virtud de la Primera Enmienda.
Sin embargo, un juez de distrito rechazó la denuncia, argumentando que respaldar a alguien a través de Facebook no puede incluirse dentro de las declaraciones o afirmaciones protegidas por la libertad de expresión. El magistrado consideró que el demandante debería haberse expresado realmente para poder hacer esa alegación.
LIBERTAD PARA EL ASESINO DE UN NIÑO Y UN DELICUENTE TRAS QUEMAR A OTRO
José Antonio Carmona Molina, condenado a 44 años de prisión por asesinar a un niño de 10 años al que intentó violar y abusar de otro, salió anoche de la prisión de Brians II de Barcelona en aplicación de la derogación de la ‘doctrina Parot’, han informado este jueves fuentes penitenciarias. Carmona Molina, de 58 años y vecino de Girona, fue condenado en 1991 a 34 años de prisión por intentar violar a un niño de 10 años y asesinarlo después en el barrio de Pont Major de la capital gerundense, condena a la que sumó otros 10 años de prisión en 1993 por otro delito contra otro menor.
El condenado, que ha cumplido 23 años de condena efectiva en prisión, tenía que haber salido de la cárcel en julio de 2006 tras obtener beneficios penitenciarios de reducción de días de encarcelamiento que contemplaba la legislación, pero el fiscal solicitó que se le aplicase la ‘doctrina Parot’ y la Audiencia de Girona aceptó que siguiese ingresado en prisión. La reciente derogación de esta doctrina por parte del Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo ha provocado que Carmona Molina haya salido de prisión, cosa que hizo a última hora de anoche de manera discreta, según las mismas fuentes.
Carmona fue condenado porque el 29 de octubre de 1989 invitó a un niño de 10 años a un refresco y a que le acompañara hasta una zona deshabitada en las afueras de Girona. Según la sentencia, allí intentó penetrarle analmente, pero el niño se resistió e intentó huir.
Ante el temor de ser descubierto, el asesino mató allí mismo al niño aplastándole la cabeza con una piedra e introdujo el cadáver en un horno de cal abandonado, donde intentó incinerarlo antes de taparlo con unas piedras. El cadáver fue descubierto al día siguiente del crimen por un hermano de la víctima y un amigo suyo.
Condenado por quemar a un hombre
La Audiencia Provincial de Lleida ha acordado la puesta en libertad de Amador Echepares, que fue condenado a 66 años de prisión por el asesinato de un hombre que murió carbonizado en un pajar de Bellcaire d’Urgell en febrero de 1995, informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
En cumplimiento de la orden del tribunal europeo, el abogado de Echepares presentó un recurso de casación reclamando la liquidación de la condena de su representado, que ahora la Audiencia Provincial ha resuelto favorablemente. Amador Echepares cumplía condena en el centro penitenciario de Brians 1 por el crimen de Bellcaire, ya que se le consideró culpable de haber rociado con gasolina a Ramón Castro López y a Juan Bautista Platero, dos de los miembros de una banda de delincuentes que él mismo lideraba. En el suceso Castro falleció, mientras que Platero consiguió salir con vida del pajar, aunque con quemaduras de segundo y tercer grado en la mitad de su cuerpo.21.11.13
INTERIOR DEFIENDE LA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA Y QUE «PRESERVA» LA LIBERTAD DE EXPRESION
El ministro rebaja la tensión al señalar que el texto todavía de un borrador que no ha sido debatido en el Consejo de Ministros: «Hablar de lo que no se conoce es un poco arriesgado»
Pontevedra (Agencias).- El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido este miércoles que la futura Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana es «necesaria», al tiempo que ha señalado que los derechos a la información y de libertad de expresión se «preservan» en el texto y se hacen «compatibles» con el derecho a la intimidad personal y familiar de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en una visita a la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp), después de trascender que esta normativa incluirá sanciones de hasta 600.000 euros para concentraciones no comunicadas frente al Congreso u otras instituciones del Estado y para aquellos que graben y difundan imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo si atentan contra su honor y ponen en riesgo su seguridad.
Según el ministro, se trata todavía de un borrador de un anteproyecto que no ha sido debatido en el Consejo de Ministros, por lo que ha considerado que «hablar de lo que no se conoce», en su opinión, es «un poco arriesgado». Entre otras conductas, el borrador señala que serán infracciones administrativas muy graves, que se multarán de 30.001 a 600.000 euros, la grabación y difusión de imágenes de policías cuando atenten contra su derecho al honor o la intimidad y las protestas frente al Congreso o el Senado cuando no se hayan comunicado.
Preguntado por si los medios de comunicación se verán afectados, ha dicho que el trabajo de los periodistas «no se va a ver menoscabado con esta ley» y ha indicado que de lo que se trata es de «hacer compatible con el derecho a la intimidad personal y familiar a policías y guardias civiles», «sin limitar para nada derechos tan fundamentales» como la libertad de expresión y el derecho a la información. «La libertad de expresión y el derecho a la información son fundamentales y consustanciales a un estado democrático y a uno socialdemocrático», ha insistido el ministro.
«Buscar un adecuado equilibrio con el derecho a la intimidad es lo que se pretende sin limitar para nada la libertad de expresión y a la información; les puedo asegurar que el trabajo de los periodistas no se va a ver menoscabado por esta ley», ha garantizado el ministro, preguntado acerca de si los medios también podrán ser multados por difundir determinadas imágenes. En cuanto a las duras críticas de la oposición, ha apuntado que ve «arriesgado» pronunciarse «sobre lo que aún no se conoce».
Fernández Díaz ha apuntado que se trata de una reforma «necesaria» porque el Código Penal en tramitación elimina las faltas, unas porque pasan a ser delitos leves y otras, sanciones administrativas. «Si no las incorporáramos a esta reforma ahora hay figuras en el Código Penal que quedarían en el limbo jurídico», ha indicado el ministro, que ha señalado, además, «hay nuevas conductas contra la seguridad ciudadana que deben ser incorporadas a una ley de estas características».
Para el responsable de Interior, hay muchísima jurisprudencia constitucional y contenciosa que debe ser incorporada porque «no se trata de sancionar más, sino de sancionar mejor y dar más seguridad jurídica en un ámbito tan sensible como el de la seguridad ciudadana».21/11/2013
UN INFORME SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESION NOS DA BUENA NOTA: NOTABLE
La Fundación Ciudadanía y Valores ha publicado su ‘Informe sobre la libertad de expresión en España’ correspondiente a 2012 en el que nuestro país no sólo aprueba sino que saca un notable, es decir, exactamente un 7,21 de nota.
En este informe, según explican los autores, se ‘ha valorado la calidad de la regulación de la libertad de expresión en España y las posibilidades prácticas de su ejercicio en la vida cotidiana. Lo han hecho mediante la respuesta a un test de diez preguntas que abarcan las cuestiones básicas que permiten evaluar la salud legal y de ejercicio (por los ciudadanos, por los profesionales, por la justicia) de una libertad fundamental’.
Por primera vez, una institución española realiza este examen que, de ahora en adelante, a través de su Observatorio de la Libertad de Expresión, lo harán periódicamente. El test ha puntuado en una escala del El estado de la libertad de expresión en España merece una calificación de notable bajo. En una escala de 0 a 10, la libertad de expresión en España esta obtiene una puntuación de 7,21, según las evaluaciones efectuadas por los expertos que han participado en la redacción de este informe de Funciva.
Un test con diez preguntas han sido las que han establecido la nota media de 7,21. Aunque, en el informe apuntan que ‘esta calificación se sitúa por encima de un simple aprobado pero al mismo tiempo está lejos de la que merecería una posibilidad de ejercicio de la libertad de expresión plenamente satisfactorio’.
Fuente:http://www.prnoticias.com/index.php/periodismo/559/20125885
MAS ADESIONES POR LA LIBERTAD DE EXPRESION
Con las nuevas firmas de la semana pasada, los legisladores en funciones y electos que han adherido a la Declaración de Chapultepec sobre las libertades de expresión y de prensa ya son un total de 23. Responden así a una iniciativa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) en ocasión de la definición electoral legislativa de este año.
El senador radical Eugenio «Nito» Artaza, el ex gobernador de Catamarca -y diputado electo por el Frente Cívico y Social- Eduardo Brizuela del Moral y los diputados nacionales Hugo Maldonado (UCR) y Alberto Asseff (Compromiso Federal) fueron los últimos en sumar su firma al documento, que fue elaborado en 1994, durante la Conferencia Hemisférica sobre las Libertades de Expresión y de Prensa, que se desarrolló en México.
«Tiene que existir una ley que regule la actividad de los medios de comunicación, pero que realmente promueva la pluralidad, respete los derechos adquiridos y no imponga un relato único», subrayó Brizuela del Moral al firmar la declaración el pasado viernes en la sede de ADEPA, donde fue recibido por Daniel Dessein y Carlos Rago, vicepresidente y secretario general, respectivamente, de la entidad representativa de la prensa argentina.
Por su parte, durante la visita que hizo Artaza a ADEPA el senador declaró que «es lamentable que el Gobierno siga avanzando en su intento de silenciar voces críticas». A su turno, Maldonado cuestionó el costoso «aparato» propagandístico del Gobierno, al decir que «el peor monopolio es el del Estado». Desde su creación, la declaración ha sido firmada, en distintos países del continente, por legisladores, gobernadores y jefes de Estado, como un compromiso por la libertad de expresión.
http://www.lanacion.com.ar/1639210-mas-adhesiones-por-la-libertad-de-expresion
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN SE TAMBALEA EN EGIPTO
Cientos de ciudadanos se han congragado en las calles de El Cairo porque el programa de humor satirico que cada semana congregaba frente a los televisores a millones de egipcios ha sido suspendido
Motivo: mofarse del Ejército.
La cadena CBC explicó que el popular cómico Bassem Youssef se había pasado de la raya y “violado la política editorial del canal.”
“Estamos aquí hoy para denunciar lo que ha pasado con Bassem Youssef, el satírico de la televisión y de la revolución egipcia, para decir que la libertad de los medios de comunicación es una de las más importantes demandas de la revolución”, comenta un manifestante.
“Mi opinión es que lo que ha pasado es vergonzoso para nuestros medios, tanto para el sector público como el privado. Llena de vergüenza también a los revolucionarios por aceptar esto, porque él ya estaba aquí con los Hermanos Musulmanes, criticándoles también”, comenta otro
Hace una semana, en el primer programa de su nueva temporada, bromeó sobre los defensores acérrimos del nuevo hombre fuerte del país: Abdel Fattah Al Sisi, al que comparó con los antiguos faraones y se burló con el hecho que hubieran hecho hasta chocolates con su imagen .
En otro de sus comentarios, se preguntó por el escaso grado de conocimiento que tienen los egipcios del presidente interino, Adli Mansur.
Fuente http://es.euronews.com/2013/11/02/la-libertad-de-expresion-se-tambalea-en-egipto/
EL PSOE ACUSA AL PP DE VERA DE FALTAR A LA LIBERTAD DE EXPRESION POR CANCELAR LA OBRA DE TEATRO
La cancelación de la representación teatral de la función de ‘Estrella sublime’, una obra de teatro satírica de la compañía sevillana ‘Bastarda Española ‘que ironiza sobre hechos bíblicos y que estaba prevista en Vera para el viernes 1 de noviembre, ha sido observada por la oposición en el Ayuntamiento veratense como una falta a la «libertad de expresión de los artistas y del arte». Isabel Haro, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio de dicha localidad del Levante se refería de este modo al hecho de que, una vez contratada la obra y pocos días antes de su representación, después de desatada la polémica en Écija (Sevilla), en donde esta misma función fue cancelada por el concejal de Cultura, Fernando Reina, por «las presiones del mundo cofrade y eclesiástico» tras haber recibido quejas y cartas reclamando la retirada del cartel.
«Nos sorprende la poca seriedad del equipo de gobierno por contratar unos servicios y, tras la polémica, cancelar la obra. No es motivo, por seriedad», indicaba Haro. El grupo socialista estudiará el lunes, en su reunión semanal, si toma alguna iniciativa en el Consistorio al respecto de este particular. «Al margen de cualquier connotación de la obra, la cultura está por encima de cualquier ideología política y no están respetando la libertad de expresión de los artistas y del arte», aseveró tajante la edil socialista.
El Ayuntamiento de Vera confirmó el jueves que había tomado la decisión de cancelar la función e intentar buscar una representación alternativa. María Manuela Caparrós (PP), concejal de Cultura de la localidad, alegó dos motivaciones para la retirada de esta obra del cartel del Teatro Regio. La primera es que dicha obra se representó ya en el municipio en el año 2004. Sin embargo, y tras relegarla a un segundo plano, reconoce que también ha pesado el que ya entonces «generó polémica» en algunos sectores de población por su crítica en clave de humor a la realidad religiosa. «Hubo gente que se levantó de sus asientos», rememoró Caparrós. Desde la compañía, no obstante, apuntan a que se trata de un «contagio del miedo». Ayer, fuentes del grupo de teatro afirmaron a la agencia Europa Press que han recibido un correo electrónico del Ayuntamiento de Carboneras, donde actúan el sábado 2 de noviembre, para mostrarles su «apoyo» a la representación de la función teatral humorística.12.10.13
Fuentehttp://www.ideal.es/almeria/v/20131012/provincia/psoe-acusa-vera-faltar-20131012.html
Derecho a la libertad de expresión 